CONSTITUCIONALIDAD
Por: Alfredo Vera.
Con frecuencia, voceros de la derecha socialcristiana y sus áulicos, se dedican al deporte insulso de buscar argumentos destinados a convencer que el Ecuador está viviendo un régimen dictatorial.
La absoluta mayoría ciudadana, al amparo de las leyes y normas constitucionales vigentes, escogió en las urnas su destino:
a) Eligió a Correa Presidente;
b) Aprobó en el referéndum la convocatoria a la Asamblea Constituyente (y aunque fuese redundante, le agregaron: de plenos poderes)
c) Designó con voto en las urnas a los 130 Asambleístas.
Todo este ciclo otorgó al proceso vivido, además de legalidad, legitimidad.
A quienes se llenan la boca hablando de democracia hay que recordarles que la legitimidad de este sistema se origina, precisamente, en las urnas.
Cuando el pueblo soberano acude a las urnas para un proceso destinado a elegir gobernantes, su derecho o compromiso se limita a escoger el o los candidatos de su predilección. El resultado sólo tiene una opción: ganar o perder y se acabó.
Pero si tiene que votar por un referéndum, además de ganar o perder, hay de por medio el compromiso de escoger como ganador, conceptos que responden a una propuesta que ha sido enunciada y desmenuzada por los proponentes.
A los ecuatorianos se les propuso que diga si quería o no una Constituyente; que esa Asamblea tuviera plenos poderes, ¿para qué?, para generar cambio al amparo de una consigna llamada revolución ciudadana.
Los votantes sabían que, además de hacer una nueva constitución (no parchar la anterior), se propuso cambiar el marco institucional, porque una nueva constitución demandaba también un nuevo marco institucional (no parchar el anterior).
Más del 70% del soberano dijo sí y desde ese momento le otorgó legitimidad a la propuesta escogida.
Por esa voluntad mayoritaria se genera una transición: La constitución y el marco institucional vigentes empiezan a morir a la par que una nueva constitución y un nuevo marcos institucional empiezan a nacer.
Si pretendemos vivir en un estado de derecho, cualquier cambio en el marco institucional, tiene que producirse al amparo de una ley: ¿una ley anterior?: absurdo, ilógico, improcedente. Tiene que ser una ley nueva que corresponda a ese marco institucional nuevo, que cambie, que revolucione el viejo anterior.
Con plenos poderes, otorgados por el soberano, la Asamblea tenía que legislar (crear una ley), en este caso, por ejemplo, para cambiar el marco institucional de la tributación.
Y el cambio tenía que expresar el concepto revolucionario de que tributen todos, sin trampas para eludir la responsabilidad de que paguen más los que ganan más.
De Perogrullo, ¿verdad?. ¿Dónde la dictadura?.
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1 comentarios:
Estimado Arquitecto,
Usted habla de legitimidad. Pues bien. Veamos cuan legítimos son los actos, y cuan respetuosos son los actores.
El Presidente llamó a consulta popular, para que se apruebe la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La ACTUAL y VIGENTE Constitución no contempla la figura de referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente, pues ésta –la actual Constitución- se encuentra vigente, activa y el orden constitucional no ha sido roto… bueno, al menos al, y en principio. Sin embargo, se decide ignorar este aspecto y se procede a la primera consulta popular. (Con el pacto entre Gutiérrez y Correa y el sonado caso de los diputados de los manteles) Primera ilegalidad ante cualquier punto de vista. Y a pesar de ello, el pueblo, mayoritariamente legitimó en las urnas tal ilegalidad, posiblemente movido por ese “espíritu de cambio y revolución”. Por lo tanto, usted y yo, debemos coincidir en que, si el pueblo legitima algo en las urnas, aún si es ilegal, esto debe ser acatado por todos. ¿Cierto? Total, usted mismo confirma que el mandato del soberano, lo legitima todo. ¿O me equivoco?
Luego, junto –léase concomitantemente- con la pregunta de convocatoria a una Asamblea Constituyente de “plenos poderes”, se le preguntó al pueblo si aprobaba el ESTATUTO –redactado por personas afines al propio gobierno- que regiría y ante el cual la ANC se sometería en caso de que la voluntad del pueblo sea esa. La voluntad fue clara. Es decir, de manera legítima y vinculante, el pueblo ordenó que la ANC se someta al ESTATUTO. ¿Cómo puede ser posible, entonces, que la ANC se arrogue funciones que no están estipuladas en el ESTATUTO? ¿Se le preguntó al pueblo si este autorizaba la libre interpretación de su voluntad expresada en las urnas? Que yo recuerde, no. Nadie, hasta donde me da la memoria, le preguntó al pueblo, si éste autoriza, con su voto, a la ANC a interpretar las cosas a su manera. ¿O si?
El ESTATUTO, documento que reglamenta la ANC, claramente estipula que cualquier cambio Institucional, y la redacción de la nueva Constitución, no entrarán en efecto, hasta que no se llame a referéndum aprobatorio, a finales de Mayo 2008. ¿Cómo puede ser posible, que un grupo de asambleístas, supuestamente “respetuosos” del mandato del soberano, y que por lo tanto, están sujetos al ESTATUTO, decida “legislar”, “cancelar instituciones” “desintegrar el Congreso” “nombrar autoridades de justicia, control y garantía” y además, poner en aplicación leyes, sin antes consultarlas al pueblo, yéndose por encima del ESTATUTO; burlándose así del mandato popular, ese que usted, muy bien hace en concederle el valor de legitimador?
Si viviésemos en estado de derecho, las modificaciones, alteraciones o cambios que hagan los “levantamanos”, entrarían en vigencia, únicamente, luego de que el pueblo, (el soberano) legitime lo actuado en Ciudad Alfaro, no antes.
Usted dice: “Con plenos poderes, otorgados por el soberano, la Asamblea tenía que legislar (crear una ley), en este caso, por ejemplo, para cambiar el marco institucional de la tributación.” Pero le recuerdo a usted, que fue el mismo soberano, quien puso límites a los plenos poderes de la ANC al aprobar mayoritariamente el ESTATUTO, el mismo que, mas bien, ha sido convertido en tabla rasa por aquellos obedientes, no dirimentes, sumisos, serviles e impotentes levantamanos. ¿No me diga que usted entiende por plenos poderes, a la capacidad de hacer lo que nos da la gana, por encima del mandato del soberano? Porque entonces, en ese caso, no podría usted hablar de estado de derecho, ni de respeto a la legalidad ni legitimidad. Los plenos poderes de los que tanto hablan los asambleístas, están limitados por el ESTATUTO. Eso claro, para cualquier persona racional, que actúa bajo las mismas premisas y lógica que usted quiere darle a sus otros argumentos.
No es claro, cómo las mismas acciones, en un momento dado son legítimas y la voluntad del soberano se debe obedecer a rajatabla, y en otras circunstancias, lo que el soberano manda, simplemente es ignorado, e interpretado alegremente al gusto de quien se supone, debe dar el ejemplo. Por un lado, se legitimó la ilegalidad de una convocatoria a ANC mediante referéndum. El soberano así lo ordenó, y usted lo ratificó: debemos acatar ese mandato. Por otro lado, y conjuntamente, el soberano aprobó un ESTATUTO propuesto por el propio gobierno, pero los asambleístas, alegremente, lo interpretan a su conveniencia, ignorando el mandato mayoritario, que los obliga a someterse a dicho ESTATUTO. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el estado de derecho? No los hay.
El Presidente, puso a disposición de la ANC su cargo. Con tal acto, reconoció, que lo CONSTITUYENTE está por encima de lo CONSTITUIDO, y quiso dar aún mas legitimidad a dicha Asamblea y sus plenos poderes (los de poder hacer lo que les de la gana, como tal parece ser el caso.) El Presidente, por lo tanto se ubica debajo del paraguas de lo constituido. Fue electo presidente bajo la ACTUAL y VIGENTE Constitución, pero reconoció los supuestos “plenos poderes” de la ANC. Acto seguido, los autoproclamados “omnipotentes” asambleístas, deciden avocar conocimiento de causa en el sórdido asunto Dayuma, asumiendo su supuesta, omnipotencia y plenipotencia. No obstante, el Presidente, chantajea a los asambleístas, aduciendo que si ellos dirimen en ese asunto, el renunciaría. Temeroso de perder el apoyo presidencial, y por ende, dejar de ser beneficiarios, de la popularidad con que éste cuenta, pasan de omnipotentes a impotentes obedientes; de Asambleístas a meros congresistas recaderos del Presidente, desdiciendo así de si mismos, y cayendo en lo mismo que tanto se criticó desde las trincheras, antes de ser gobierno.
¿A quién quiere engañar usted Arquitecto? Le recuerdo que no todos los que leen sus lúcidas intervenciones, han sido educados bajo la tutela emepedista. Ergo, no subestime la inteligencia de sus lectores.
Con seria preocupación, pero cariñosamente,
Juan Sebastián Utreras-Carrera, MD
E C U A T O R I A N O
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