INTERNACIONAL

Cambio paraguayo

Por Juan Jacobo Velasco

La elección del obispo Fernando Lugo (FL) como presidente no solo es una señal de cambio en una democracia frágil y tutelada como la paraguaya. Es, ante todo, la culminación de un proceso de transformación que se inició primero al interior del Partido Colorado (PC), que en los últimos cinco años mejoró el manejo institucional altamente informal de Paraguay, marcado por el sino de la arbitrariedad estatal. Eso es mucho en un país en el que el PC se ha imbricado con el Estado durante 61 años. Primero, al alero de la dictadura de Alfredo Stroessner (que ganaba las “elecciones” con 98% de los votos) y, luego, con una continuidad del poder omnisciente del aparato partidario. De hecho, la transición desde la dictadura a la democracia se decidió por un lío familiar entre Stroessner y su consuegro, el general Andrés Rodríguez, quien lo derrocó y ganó las primeras elecciones posdictadura.

Desde entonces, los presidentes paraguayos han gobernado un país en el que no se respetan los derechos de propiedad (se calcula que Paraguay es la tercera economía con mayor nivel de contrabando e informalidad del continente en monto, y la primera como porcentaje del PIB) y la estructura institucional se adecua a ello. Basta un ejemplo: bajo el salario mínimo (que es uno de los más altos de América Latina) se encuentra alrededor de la mitad de los asalariados paraguayos, debido a que no existe una disposición que castigue su incumplimiento.

Como dicen en el país, el salario mínimo no es un piso sino un techo. Si se le sumaba el alto nivel de contrabando, informalidad, corrupción y la imbricación PC-Estado, no era muy improbable encontrarse con que la cúpula de Gobierno repetía los pecados estructurales.

Luego de la crisis bancaria de los noventa y la caída del apoyo del PC, amén de la lacerante pobreza y las desigualdades sociales, comenzó un proceso de modernización estatal emprendido desde el mismo PC, a través de una reforma tributaria exitosa y un manejo más técnico y menos clientelar del Estado, propugnado por Nicanor Duarte. A ello ha contribuido una reciente reactivación económica fruto de los excelentes precios mundiales de la soja. Empero, el descontento y la perenne desigualdad explotaron de la mano de FL, un prelado comprometido con la justicia social, que garantizaba una actitud de cambio. El problema es la dificultad de emprenderlo en un país con un Estado que no conoce alternativas al PC, en el que la corrupción es la norma y en el que disponer de recursos estatales implica seguir adelante con unas reformas pro formalización difíciles en un entorno increíblemente informal.