MEDIDAS JUSTICIERAS

MEDIDAS JUSTICIERAS

Por: Jaime Bejarano
El Comercio

Las decisiones gubernamentales muy recientes, como el embargo de bienes de los banqueros Isaías, Peñafiel, de los herederos del notario prestamista Cabrera y de los gerentes y directores de la Mutualista Benálcazar, así como la gestión diplomática para extraditar a autores, cómplices y encubridores de una sucesión de estafas que han perjudicado a cientos de miles de depositantes, son medidas justicieras que erradicarán todo indicio de impunidad en la aplicación de las leyes contra enriquecimiento ilícito.

Según cifras nada exageradas, el hurto de la bancocracia, en 15 bancos, dos financieras y una mutualista, todos en quiebra, sacó del país unos USD 3 500 millones, hasta noviembre de 1998, a través de créditos vinculados y préstamos subordinados, dinero despojado a una mayoría de depositantes de escasos recursos monetarios, principalmente madres de familia, ancianos y ancianas, algunos de los cuales murieron de ataques cardíacos al verse arranchados súbitamente de sus ahorros de toda su vida. ¿Cuántos millares de subempleados no emigraron a otros países al encontrarse en repentina indigencia?

Las medidas justicieras adoptadas por medio de la AGD van más allá de toda medida cautelaria, ya que tales acciones de hecho debieron ser ejecutadas hace 10 años si los organismos de control como las superintendencias, la Procuraduría, la Contraloría, las fiscalías y la administración de justicia ordinaria hubieran actuado como les obliga la Constitución de la República para precautelar el interés público, la propiedad privada legítimamente adquirida y los fondos de subsistencia de las clases sociales bajas.

Tal fue el grado de tácita conclusión en esos años entre las autoridades mencionadas y la bancocracia para perjudicar a millares de incautos, que el autor de un libro sobre los daños de la dolarización no dudó en escribir al respecto: “Nos gobierna una casta tan corrompida y perversa, la que infamaría no sólo a las cárceles en las que debería estar encerrada, sino incluso al mismo patíbulo al que deberíamos haberla condenado”.

Si incautar bienes a testaferros de los banqueros y financistas que huyeron con el dinero de los depositantes erradicará la impunidad, un complemento justiciero es el traer de vuelta al país todos los culpables de la mayor defraudación masiva sufrida por la población activa ecuatoriana en todos los 178 años de vida republicana a que sean condenados a penas peculiares a sus respectivos delitos. Ni aún en el supuesto no consentido de que aquellas medidas tuvieran algún propósito indirecto pre electoral al referéndum constitucional próximo, su ejecución dispuesta por la AGD es de pleno derecho y de jurídico cumplimiento, así como de estricta incumbencia de todo gobierno responsable .