ROL POLÍTICO DE LA IGLESIA

MODUS VIVENDI

Por: Jaime Bejarano
El Comercio

Las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, sugiriendo tácitamente un rechazo del electorado católico al proyecto de la nueva Constitución de la República, contradicen un artículo y el espíritu de ‘amistosa inteligencia’ del tratado de ‘modus vivendi’, firmado por el Ecuador y la Santa Sede el 24 de julio de 1937.

El art. 4 textualmente es mandatario cuando estipula: “La Santa Sede renueva sus órdenes precisas al Clero ecuatoriano a fin de que se mantenga fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas”. En el art. 9 ambas partes convinieron en que en la interpretación de las cláusulas acordadas se recurra a criterios “de amistosa inteligencia”, para lo cual suscribieron un Protocolo Adicional, el que aclara que el art. 4 “en nada menoscaba la plena e incontestable libertad que asiste al Clero para predicar, exponer y defender la doctrina dogmática y moral católica”.

Pero monseñor Arregui criticó ‘el estatismo’ en las disposiciones constitucionales y sus regulaciones sobre el aborto, la familia, la educación pública y otras ‘incompatibilidades no negociables’, censura eclesiástica que vulnera el art. 2 del Protocolo Adicional del modus vivendi, el que preceptúa que toda divulgación clerical debe impartirse “con prescindencia de las cuestiones de política partidarista”.

El laicismo, corriente ideológica que surgió en el siglo XIX, establece una clara separación entre el Estado y la Iglesia, conforme a la diferenciación entre el orden temporal y el orden espiritual. De este contraste, que no es confrontación, emergen dos sociedades ideales, cada una con fines y medios propios pero distintos.

Esta filosofía ha inspirado los tratados internacionales bilaterales pactados por muchos países del orbe con la Santa Sede, los que llaman ‘modus vivendi’ y que aseguran la convivencia pacífica entre ambas sociedades.

Este convenio prohíbe consecuentemente que el Estado intervenga en asuntos de la Iglesia y viceversa, así como que las leyes estatales y los dogmas religiosos puedan entrometerse recíprocamente. Tampoco permite que la potestad estatal ni la jurisdicción feligreses sean ‘negociables’, cuya posibilidad menciona contestatariamente monseñor Arregui, desconociendo la supremacía soberana del Poder jurídicamente constituido en Asamblea Constituyente por el voto popular.

El vocero de la Conferencia Episcopal dijo, sin embargo, que ella no hará campaña entre los católicos a que voten por el ‘No’ en el próximo referéndum aprobatorio, pero que sí desatará “una gran catequesis para pedir a toda conciencia cristiana que tome nota de las incompatibilidades no negociables de la nueva Constitución con nuestra fe”. Qué ingenioso doble discurso de clara dualidad de sentido y de significado.

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